LA SIESTA MOQUEGUANA[1]

Modorra gerencial sobre un Estado atrofiado

Mientras el Covid-19 empezaba a expandirse desde Wuhan hacia fuera de la frontera china, el presidente Martín Vizcarra transitaba la mayor calma política desde que empezó a habitar Palacio de Gobierno. Hacia el inicio del verano del 2020, el mandatario peruano ya se había desecho de su mayor escollo (una representación congresal mayoritariamente fujimorista), dirigía las riendas del país sin el equilibrio del Poder Legislativo (como suele suceder en la política regional[2]) y contemplaba despreocupado la campaña electoral que elegiría al Congreso reemplazante, cuya composición, por entonces, asomaba tan fragmentada como inofensiva. Había decidido no presentar lista al parlamento complementario, como si no le importara tener bancada que propugnara sus iniciativas; o como si premeditaba continuar golpeando –a placer- al desprestigiado legislativo; o como si creyese que en realidad su gobierno había culminado el 30S. Tanto sosiego, sin embargo, era un presagio de mal augurio.

Por entonces, al presidente Vizcarra parecía bastarle su “círculo político” de herméticos y leales escuderos, para gobernar una democracia sin partidos ni oposiciones[3]. Con ese “equipo chico” de “moqueguanos” –una portátil de operadores políticos que reemplazaban la idea y el sentido de partido- había vencido al Goliat del “apro-fujimorismo”. Y con tales lauros, se había ganado —¿para siempre?— la bendición del sector político progresista burgués —a.k.a “caviares”—, que, dada su hegemonía entre sectores mediáticos e intelectuales, mostraría su agradecimiento —¿eterno?— relativizando con indulgencias algunos “pecadillos” de la administración Vizcarra —como que una ministra de salud aprovechaba su cargo para favorecer a familiares, o que un ministro de cultura despedía funcionarios insignes—. Con la principal lideresa de oposición —Keiko Fujimori— en prisión preventiva —merecida, según detractores; injusta para quien ensaya objetividad—, el gobierno central entró en modo “siesta moqueguana”, sin sospechar que despertaría en medio de una pesadilla.

Cuando el Covid-19 se instaló en suelo patrio, Vizcarra se dio cuenta de que se había quedado dormido. Luego de advertencias previas, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue enfática al comunicar a todas las naciones de la amenaza mundial del Covid-19[4]. Algunos gobiernos reaccionaron consecuentemente, como el de Sebastián Piñera —que, luego de la ola de protestas iniciada en octubre de 2019, atravesaba la mayor crisis política del siglo XXI chileno— declaró el 8 de febrero la “alerta sanitaria en todo el territorio” chileno[5]. Medida que tomaría Vizcarra en su jurisdicción el 11 de marzo, a más de un mes de la alarma global. Recién en aquella fecha, El Peruano registró el Decreto de Urgencia N.^o 025-2020, dictando “medidas urgentes… en todo el territorio”[6]. Esta pasividad del Ejecutivo resulta flagrante, pues desde el 31 de enero —oportunamente, diríamos— la entonces ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, había aprobado el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCoV[7]. Mas, tal documento sectorial se habría traspapelado en la Presidencia del Consejo de Ministros y no provocó medidas gubernamentales exigidas a causa de una pandemia mundial.

Dicha omisión trajo implacables consecuencias: a nivel mundial, Perú figura como uno de los diez países con mayor número de muertos por coronavirus, por millón de habitantes[8], y también como una de las diez economías del orbe que más se contraerán[9]. Es decir, somos uno de los diez países más afectados en el planeta por la crisis del nuevo coronavirus, por lo menos hasta julio del 2020 (ver gráfico 1). Es cierto que enfrentamos un virus desconocido e impredecible, y que la recesión económica consecuente es mundial. Sin embargo, a diferencia de otras naciones, Perú estaba en condiciones económicas superiores para afrontar esta situación y sin embargo, somos uno de los más afectados en el orbe. ¿Por qué? Mi hipótesis es que, desde el inicio, el gobierno entró en una espiral de malas decisiones y que los errores que se cometieron en cada fase —previsión, reacción y planificación— se fueron potenciando negativamente.

Esta hipótesis compite con la narrativa ensayada por Palacio de Gobierno. Como recordarán, desde el comienzo de la crisis el gobierno concentró los mensajes; un verdadero monopolio comunicacional. Desde la intensidad de los mensajes presidenciales de mediodía[10], el presidente Vizcarra fue esquivando las mayores responsabilidades y proyectando dos grandes culpables de que las medidas gubernamentales no rindiesen resultados efectivos: la debilidad endémica del Estado (e inoperancia de gobiernos anteriores) y el desacato irresponsable al mandato del confinamiento social. Este relato —en circunstancias de shock producto de la cuarentena— fue tan convincente que medios periodísticos e intelectuales lo asumieron acríticamente[11]. De tal manera, se bordaron dos mitos y situaciones paradójicas consecuentes, que vamos a deshilvanar a continuación.

Primero, se ha creado la fábula de que el gobierno peruano fue “el primero” en América Latina en reaccionar frente a la pandemia del Covid-19[12]. Bajo esa (falsa) premisa, se llega a una falsa paradoja: si reaccionamos con “sensatez”, ¿por qué nos ha ido tan mal? ¿Jugamos como nunca y perdimos como siempre? No, hacer una “quimba” o un par de “huachitas” para la tribuna no es jugar bien, si no se hacen goles. El gobierno de Vizcarra reaccionó tarde, como quedó documentado (y expuesto líneas arriba), pero la demagogia del Ejecutivo vendió la severidad de las primeras medidas de confinamiento como sinónimo de prontitud. No quedan dudas de que la suya fue una de las primeras administraciones en la región en actuar con rigor incalculado hacia un confinamiento total, de la noche a la mañana. Mas, no fue “el primero” en asumir medidas preventivas contra la pandemia, a pesar de las advertencias de la OMS de comprar exámenes moleculares para la pronta identificación de contagios, chequeos exhaustivos en los aeropuertos internacionales y puestos de frontera, estrategias de trazabilidad de contagios, entre otros. Es más, podemos sospechar que la severidad del enclaustramiento fue directamente proporcional a la culpa resultante de la siesta moqueguana.

Entonces, ¿qué salió mal? ¿De quién es la responsabilidad, si el gobierno obró con apremio y compromiso? Pues, de acuerdo con una corriente de opinión muy extendida, “de la gente”; de millones de peruanos que no acataron las medidas de control social, ya fuere por desobediencia voluntaria o, sencillamente, por incapacidad. Por ello el gobierno endureció las medidas originales, estableciendo penas y multas por incumplir los toques de queda, salir a la calle sin los permisos respectivos, o participar en reuniones prohibidas. La respuesta intelectual más compartida, ha interpretado dicha desobediencia como un producto de la informalidad: millones de peruanos que viven del día a día, no estaban en condiciones de “quedarse en casa”, contradiciendo necesariamente el motto del gobierno. Consecuentemente, el Ejecutivo estableció una política de bonos sociales dirigida a las poblaciones más vulnerables, pero —como veremos en el capítulo de Alexandra Ames— lo hizo desordenadamente y estuvo mal gestionada.

Un gobierno no debería responsabilizar de sus problemas de gestión a sus gobernados, porque la mayor responsabilidad siempre será del primero. En este sentido, la principal falta del gobierno de Vizcarra es no haber sabido reconocer el tipo de comportamiento que adoptaría nuestra sociedad ante a la pandemia y, sobre todo, ante las medidas para contenerla. La enraizada y expandida informalidad, con sus consecuencias, no es ninguna novedad. El machismo imperante en nuestra sociedad tampoco es algo nuevo, lamentablemente, empero el gobierno organizó salidas de desconfinamiento para abastecerse de alimentos, por sexo, generando descontrol y multiplicidad de contagios los días correspondientes a las mujeres. ¿Es responsabilidad de la informalidad y del machismo de nuestra sociedad, o de los gobernantes que no previeron las consecuencias de tales males en las dinámicas sociales y económicas? Incluso en áreas de gestión muy puntuales –como la situación carcelaria- la gestión gubernamental careció de tino, de sentido común, como demuestran José Luis Pérez Guadalupe y Lucía Nuñovero en su capítulo.

El segundo mito propagado, que supone la premisa de un Estado paupérrimo —diagnóstico directo al hígado de cualquier observador sensible—, también se ha empleado para eximir al gobierno de Vizcarra de responsabilidad, pues se interpreta que sus medidas estuvieron inspiradas en “buenas intenciones”. Es decir, cuando una medida es efectiva es mérito de Vizcarra; cuando es perjudicial, es culpa del Estado (sic)[13]. Bajo la sobredimensionada premisa de un Estado catastrófico, se consigue el propósito de identificar un chivo expiatorio en el que todos, de izquierda a derecha, concuerdan (Vizcarra lo agradece, obviamente). Así, a nivel periodístico se identificó a la “insuficiencia” del sistema de salud como la explicación a la paradoja de “reacción temprana” del gobierno y resultados fatales[14]. Complementariamente, este relato también desvirtúa la historia de éxito del modelo económico, dado su flagrante dejadz con la salud, la desigualdad y la corrupción, los males responsables ulteriores de que las medidas del gobierno vizcarrista no hayan funcionado[15]. ‘No soy yo, es el Estado precario’, parecería ponerse en boca de Vizcarra[16].

Pero, tome una pausa, escéptico lector, y enumere cuántas veces hemos referido al Estado como el culpable de toda la variedad de nuestros males. Considero que esta “explicación” es cierta parcialmente y también, que su reiteración no nos conduce a ningún avance en nuestras subdesarrolladas ciencias sociales. ¿Cómo hacemos para no seguir rayando el controversial disco del Estado-culpable y sus grandes éxitos? La atrofia del Estado peruano debe ser entendida como un elemento contextual y no como “el” factor determinante de problemas de gestión durante la crisis pandémica, por tres razones. La primera es comparativa: es posible gestionar públicamente un país, a pesar de los históricos obstáculos estatales. Un honesto ejercicio de política comparada se resiste a seguir sosteniendo este falso “culpable”, pues, países con similares problemas de fragilidad estatal, desigualdad económica y corrupción expandida, han gestionado la pandemia con mejores resultados, al menos por ahora.

La segunda razón para matizar el argumento de la atrofia estatal es metodológica: no podemos volver atrás en la historia –en ejercicio contrafáctico- para solucionar un mal de origen que se remonta a tiempos coloniales. Tenemos que aprender a erigir una gestión pública, a pesar de las debilidades estatales; y el primer paso es dejar de usarlas para expiar culpas. La tercera razón es histórica: el Perú, hoy, está en mejores condiciones que hace treinta años, para afrontar una crisis económica mundial como la que describe David Tuesta en este libro. Teníamos –al inicio del 2020- una situación fiscal sólida y un Estado que, aun con deficiencias, paulatinamente ha aumentado el gasto en el sector Salud. ¿Se imagina esta pandemia durante la crisis de los ochenta? Aquella circunstancia sí merecía la denominación de catastrófica.

Desde que asumió la presidencia de la República, Vizcarra ha nombrado seis ministros de salud. Solamente durante la pandemia —hasta julio de 2020—, dicha cartera ha tenido tres responsables distintos[17]. María Elizabeth Hinostroza asumió la dirección del sector en noviembre de 2019, luego de que su antecesora, Zulema Tomás, se viera envuelta en denuncias de nepotismo[18]. Hinostroza —una de las primeras mujeres con el grado de General en la Policía Nacional del Perú (PNP)— se desempeñaba como directora de Sanidad Policial antes de asumir la máxima responsabilidad sectorial en el país. Es decir, su experiencia provenía de la administración de uno de los subsistemas del atomizado sistema de salud pública, que bien grafica Abel Salinas en su capítulo de este libro. Por ello, su mirada de la crisis sanitaria tendía a ser incompleta. De hecho, algunos de los tempranos problemas en la reacción gubernamental a la pandemia —como la escasez de pruebas moleculares para la detección temprana del Covid-19—, se originaron en sus decisiones ministeriales. La confianza que le otorgara el presidente Vizcarra para liderar el sector, en el año que él mismo designara de “Universalización de la Salud”, no vino con la línea presupuestal consiguiente[19].

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En tiempos de crisis, las normas e instituciones se vuelven fácilmente maleables, adoptan naturaleza plástica y ceden al máximo su rigidez. El desconcierto y la incertidumbre propios de temporales repentinos, relajan los mecanismos de control de los Estados; los tomadores de decisión prescinden de “segundas opiniones” y los administradores públicos amplían su margen de maniobra, so pretexto de atender una emergencia. Asimismo, las medidas de los gobiernos tienen un efecto amplificado, debido al desvanecimiento de sentido del mecanismo de rendición de cuentas. En tiempos recios se sacrifica la accountability. Así, decisiones de pequeños círculos terminan teniendo inmensas e incalculadas consecuencias. La designación de un funcionario —en cualquier nivel de la burocracia pública— o la demora en tramitar una resolución ministerial, se convierten en asuntos —literalmente— de vida o muerte.

La gravedad de estos tiempos reclama estadistas: hombres y mujeres de Estado a la altura del momento histórico que el destino sorteó. ¿Ha estado Vizcarra —como se dice— hecho para las crisis[20]? Dos características de su gestión, instauradas con anterioridad a la crisis pandémica pero potenciadas por ella, han tenido un efecto perjudicial sobre la administración pública: la indefinición en la jerarquía de funciones y la “terciarización” de responsabilidades relevantes. Ambas son productos de la extrema desconfianza y el desconocimiento de la tecnocracia, de un político originado por fuera del establishment político.

Estos componentes del “estilo vizcarrista” se suman a tendencias de gestión heredadas del gobierno de Ollanta Humala, como el uso “fusible” de los cargos ministeriales y la predilección por la “renovación endógena” de ministros. Como se sabe, la volatilidad en los cargos sectoriales obstaculiza la concreción de políticas de Estado y el súbito ascenso de viceministros o funcionarios de menor jerarquía a la máxima responsabilidad sectorial, actúa en desmedro de la amplia convocatoria política. Las consecuencias de inventarse un pool ministerial limitado, las vemos hoy: la mitad de los presidentes del Consejo de Ministros de Vizcarra —César Villanueva y Pedro Cateriano— ocuparon los mismos cargos durante el gobierno de Humala.

Examinemos, brevemente, cada uno de los elementos del “estilo vizcarrista” que tuvieron efectos perjudiciales durante la pandemia. En primer lugar, Vizcarra no delinea claramente las jerarquías en las responsabilidades y decisiones de gestión, porque le embarga una monumental desconfianza. En menos de cien días de administración del azote sanitario, la conducción del mismo pasó por tres cargos: el ministerio de Salud, la Secretaría General de la PCM y el Comando Covid. Naturalmente, sendas carteras terminaron tropezándose entre sí, mientras Usted aplaudía al gobierno en pleno toque de queda. Toda vez que el presidente Vizcarra notó que el puesto le quedaba demasiado grande a la ministra Hinostroza, decidió mantenerla, pero empoderar a la PCM; con la anuencia y disciplina de la propia ministra Generala.

Es así que, hacia la quincena de marzo, la secretaria general de la PCM, Desilú León, fungía como coordinadora y vocera de una comisión multisectorial para la lucha contra el virus, dedicándose exclusivamente a esta misión y dejando sus responsabilidades originales inciertas. La prensa reportó una suerte de división de tareas entre la entonces ministra de Salud y esta coordinadora[21]. Aunque tal diseño bicéfalo duró pocos días, se perdió un tiempo valioso y un momento clave para controlar la expansión del nuevo coronavirus. ¿Son el “Estado precario” o el “modelo neoliberal” los responsables de este enredo institucional que provocó los primeros resbalones de la gestión sanitaria?

Dado la disfuncionalidad del singular “arreglo institucional”, el presidente Vizcarra apostó por un cambio de timón en el ministerio de la Avenida Salaverry. La designación de Víctor Zamora, especialista en salud pública y frecuente consultor y asesor de ministerios sociales, correspondía mejor al perfil que se requería. Pero, sobre todo, el ex integrante del plan de gobierno de Verónika Mendoza contaba con el favor de alguna asesora palaciega. Este detalle no es casual porque, fue así como el hermético círculo presidencial expandió sus dominios hacia el MINSA —ya lo había hecho con PCM—, mediante un personaje que, antes que por mérito propio, llegó al puesto más relevante de la historia pandémica garantizando lealtad al círculo “moqueguano”.

Una vez en el cargo, Zamora ensayó una estrategia para legitimarse políticamente ante las críticas por sus notorios y públicos antecedentes izquierdistas y anti-aprofujimoristas. Convocó a un amplio número de ex ministros del sector, de distintos tintes ideológicos, a colaborar en varios puestos de la iniciativa anti-Covid. Una de las convocadas fue Pilar Mazzetti, quien terminó asumiendo el Comando de Operaciones Covid-19[22], un nuevo órgano, competente en el manejo clínico de pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos, el abastecimiento de insumos, la investigación clínica, y otros aspectos relacionados con la lucha contra el virus.

Con dicho Comando, integrado por representantes de los subsistemas de salud, se buscaba crear un nivel de coordinación que supliera la fragmentación del sector Salud. Mas, formalmente, terminó bajo los dominios del viceministerio de Salud Pública[23]. De ahí las incesantes críticas de Mazzetti a la burocratización y al papeleo, que se originaban, no en la elefantiásica tramitología estatal, sino en la “creación heroica" de un “mandatario hecho para la crisis”, quien había establecido una instancia de emergencia en algún lugar perdido del organigrama estatal.

Además de méritos propios de su gestión a cargo del Comando Covid, Mazzetti tuvo intervenciones públicas que sintonizaron con la gravedad de la situación, sin perder empatía con la población. Algo muy efectivo en el Perú sin partidos, donde la legitimidad política se gana con intervenciones mediáticas o en redes sociales virtuales. Así empezó Mazzetti —por cierto, ex integrante del Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio— a construir capital político propio y, a su vez, a aumentar la visibilidad y el prestigio del Comando que dirigía. El atolondrado diseño de la estrategia de lucha contra el Covid-19 generó, empero, otro tropiezo innecesario. Un lapsus presidencial —Vizcarra llamó “ministra” a la entonces jefa del Comando— evidenció la confusión de encargos en la gestión de la pandemia. El hecho de que Mazzetti reemplazara a Zamora en el MINSA y de que, consecuentemente, el Comando Covid-19 perdiera perfil, corrobora el innecesario solapamiento de funciones —gestado por el Ejecutivo— y el consiguiente entorpecimiento de su propia gestión.

El segundo problema de gestión, complementario del anterior, tiene que ver con la “terciarización” de ciertas responsabilidades. El estilo presidencial ha empleado, recurrentemente, comisiones de “alto nivel” como órganos consultivos de soporte político, intelectual y mediático, en temas específicos y de interés del Ejecutivo, independientemente de sus reales intenciones —como la reforma judicial y la reforma política—. Más allá de las recomendaciones y propuestas de los “notables” participantes, estas comisiones han otorgado al mandatario sin partido la capacidad de legitimarse políticamente ante determinado sector de las élites limeñas, de donde suelen provenir sus integrantes. Así, además de contar con propuestas de gestión adicionales a las producidas por PCM o sus ministerios —empleadas con oportunismo y conveniencia—, el presidente de la República ganó respaldo ante una opinión pública cada vez más sensible a influencers[24].

Fiel a su estilo, Vizcarra avaló la creación de grupos científicos y académicos para apuntalar la gestión del ministerio de Salud. Así se crearon el Grupo Prospectiva[25] y otros tres grupos de trabajo (sobre aspectos socio-culturales, bio-éticos y de innovación en tecnologías sanitarias) conformados, notoriamente, por académicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú[26]. Aunque estos equipos estuvieron coordinados por el MINSA, algunos de sus integrantes tuvieron tal exposición mediática, que fungieron de portavoces públicos. Es el caso del estadístico Farik Matuk, —tristemente— célebre por haber impulsado una política de confinamiento social que autorizaba las salidas temporales de los hogares segregando y discriminando por sexo, lo cual generó el hacinamiento público de mujeres[27].

De hecho, a partir del fracaso de dicha medida se convocó al grupo de trabajo de científicos sociales que, en palabras del propio Matuk, elaborarían recomendaciones relacionadas con la “estrategia de género”, pero también, ayudarían a “entender lo que ocurrió con la locura del papel higiénico” (sic)[28]. Al final, el documento de recomendaciones del mentado grupo temático fue subutilizado por el gobierno. Todo quedó en conato de publicidad estatal, pues la realidad terminó imponiéndose a la “nueva convivencia” que proponían los académicos[29]. Esta “terciarización” —por fuera de las instancias estatales destinadas a los mismos objetivos y que no cuenta con instancias respectivas de accountability— hizo mucho más compleja la administración de la crisis y, por lo tanto, las voluntariosas recomendaciones terminaron teniendo un impacto reducido, en el mejor de los casos, y contraproducente en el peor.

No es propósito de esta introducción hacer un análisis exhaustivo de las políticas públicas adoptadas durante la pandemia, pero sí mostrar, a grandes rasgos, los problemas de gestión propios del estilo presidencial de Vizcarra. El presidente de la República ha demostrado ser un buen político, pero un mal gobernante. No está hecho para resolver crisis, pero sí para capitalizarlas convenientemente. Ha sido muy eficiente al incrementar sus niveles de popularidad con la estrategia de zafar responsabilidades de su competencia —en ello consiste su destreza política—, pero ha sido muy ineficiente al dirigir la gestión pública hacia un camino saludable[30]. Contrariamente a lo esperado, ha ungido al país entre los peores del mundo en la gestión de la pandemia —en ello estriba su mediocridad como gobernante—.

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Cuando un país falla ante una crisis, es difícil encajar responsabilidades y es complicado distinguir entre las causas estructurales y las de gestión política que hacen inteligible las razones del desastre que atravesamos. Sin embargo, la lectura predominante en Perú ha puesto el énfasis en la histórica precariedad estatal como la “culpable” de la catastrófica respuesta “estatal”. Esta línea argumentativa —parcialmente certera pero incompleta— ha sido empleada como chivo expiatorio para justificar los errores de gestión de la administración de Vizcarra. En el libro que usted tiene entre manos, abordamos los determinantes estructurales de la fallida reacción, sin obviar el análisis de corto y mediano plazo; esto es, sin soslayar la gestión pública de los cien primeros días de pandemia.

Abel Salinas desmenuza —lo que denominamos— el “sistema de salud”, en realidad, un conglomerado fragmentado en el que intervienen cuatro ministerios (Salud, Trabajo, Interior y Defensa), gobiernos regionales, locales y el sector privado. Salinas, ex ministro del sector, se remonta a las raíces normativas del actual “pseudo sistema” y revisa los alcances de las reformas legislativas más recientes, que dejan un legado que se puede sobrellevar. Estos condicionantes, no obstante, son distinguibles de errores propios de gestión, vinculados principalmente a una estrategia de contención fallida. El empleo de pruebas serológicas en vez de moleculares, la baja prestación en el primer nivel de atención y una comunicación de riesgo desvirtuada por las conferencias de prensa presidenciales, son identificados por el autor como los más graves.

Si existe —acaso— una fortaleza en nuestro país, es —lo ha sido durante los últimos treinta años— la administración de la economía. Si bien la “gran cuarentena” global ha inmerso a los economistas en una dimensión desconocida, David Tuesta identifica un recetario disponible para enrumbar la recuperación. Sin embargo, su diagnóstico reitera la combinación de Estado disfuncional y pésimas decisiones gubernamentales como condiciones que complotan contra la economía y que nos suman entre las naciones más afectadas por la crisis. El autor, ex ministro de Economía y Finanzas, registra decisiones acertadas del Ejecutivo y señala puntos débiles que escapan a la “isla de eficiencia” del MEF, como los relacionados al absurdo divorcio entre el gobierno y el sector privado.

Precisamente, es en el diseño y en la implementación de algunas políticas de alivio, como la distribución de bonos sociales a las poblaciones más vulnerables, donde se cometieron serios errores de gestión. Alexandra Ames aborda los detalles de estas políticas sociales de emergencia, porque en ellos radica el origen del pandemonio que vivieron millones de familias para acceder a las ayudas del gobierno. Sin eludir las precariedades estructurales, la especialista resalta la ausencia de voluntad política y esboza un plan de recomendaciones para asimilar las lecciones de la pandemia y prepararse para una situación crítica que no ha sido superada.

Los problemas de gestión no son exclusivos del Ejecutivo, obviamente. Tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo tampoco estuvieron a la altura de la emergencia, como analizan el ex Ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe y la criminóloga Lucía Nuñovero. Los autores auscultan las responsabilidades de los tres poderes del Estado en la (des)protección de los ciudadanos recluidos, incorporando en el análisis una perspectiva comparada con otros países. El capítulo hace un zoom a un área poco estudiada por las ciencias sociales peruanas, que solo mereció atención pública debido a las amenazas de descontrol que se suscitaron. Luego de mostrarnos con objetivo detalle la realidad del sistema penitenciario, los autores grafican tres curvas de aprendizaje de diversos actores del establishment, respecto del virus y sus consecuencias. Negación, primero, “peloteo” y “lavada de manos”, después, y populismo legislativo, finalmente, han marcado las reacciones equívocas que terminaron perjudicando a la población carcelaria.

En estos cuatro textos, los autores ensayan una lectura objetiva y acuciosa de los cien primeros días de una pandemia imprevista y con consecuencias aún inciertas. Sus análisis contribuyen a un debate que está lejos todavía de las respuestas definitivas, advirtiendo las preguntas precisas para fijar la agenda pública de futuro.

Carlos Meléndez (editor).

[1] Este texto se ha nutrido de los valiosos comentarios de José Carlos Requena y Martín Soto Florián.

[2] A nivel regional, no existe división de poderes como tal, pues el gobernador regional preside tanto el órgano ejecutivo como el normativo y fiscalizador (Consejo Regional). Ver: artículo 11 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N.^o 27867).

[3] Ver: “30-S. Anatomía de una Disolución”. Lima: Página Once, 2020.

[4] OMS: Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV).

[5] Diario Oficial de la República de Chile. Normas Legales CVE. Ministerio de Salud. Subsecretaría de Salud Pública. Se decreta alerta sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica, por emergencia de salud pública de importancia internacional por brote del nuevo coronavirus. Sábado 8 de febrero de 2020.

[6] Diario Oficial del Bicentenario El Peruano. Edición Extraordinaria. Decreto de Urgencia N.^o 025-2020, dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19, en todo el territorio peruano.

[7] Resolución Ministerial N.^o 039-2020/MINSA, 31 de enero de 2020.

[8] Johns Hopkins University of Medicine, Coronavirus Resource Center. De hecho, el número de muertos podría ser mayor. El 23 de julio, el Contralor Nelson Shack anunció investigación sobre el desfase en el registro de fallecimientos por coronavirus. Indicó que: “conocer la verdadera cantidad de muertos producto del coronavirus es un derecho de la ciudadanía”. Diario Gestión: 23 de julio del 2020. Última revisión: 26 de julio de 2020.

[9] En junio, el Banco Mundial pronosticó una caída del PBI anual peruano de -12.0, la segunda peor contracción en América Latina, luego de Belize. Ver: Banco Mundial: “La COVID-19 (coronavirus) hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial”. Comunicado de Prensa del 8 de junio de 2020.

[10] Del 16 de marzo, primer día de la cuarentena, al 26 de julio, la Presidencia de la República ha emitido 47 mensajes televisados: 3,760 minutos de narración, bajo la conducción exclusiva del mandatario Vizcarra; aunque, acompañado de ministros y otras personalidades. Ver: Diario Peru21: “Los mensajes del mediodía que no llegaron a la conciencia”. Última revisión: 26 de julio de 2020.

[11] Y la aprobación presidencial se disparó a niveles históricos: de un 55% antes de la pandemia a un 80% (Fuente: Instituto de Estudios Peruanos).

[12] “Peru’s coronavirus response was right on time –so why isn’t it working?” The Guardian, 20 de mayo.

[13] Como ejemplo de esta línea argumentativa, ver: Vergara, Alberto (2020). “La crisis del COVID-19 como Aleph peruano”. CIUP, 18 de junio del 2020. En ese mismo sentido figuran los argumentos de Carmen McEvoy cuando señala que: “Vizcarra heredó una maquinaria que es ineficiente hasta la médula”. Diario La República, 26 de julio de 2020.

[14] “La rápida reacción de Perú ante la pandemia chocó con un sistema de salud insuficiente”. The Washington Post, 5 de mayo de 2020.

[15] “El virus exhibe las debilidades de la historia de éxito de Perú”. The New York Times, 16 de junio de 2020.

[16] Es interesante notar que este tipo de argumentos no se haya empleado al analizar las ineficiencias de gestiones de gobiernos antecesores, que han compartido el mismo problema estructural.

[17] Desde enero de 2019 y hasta antes del nombramiento de Pilar Mazzetti a la cabeza del MINSA, ha habido tres viceministros de Salud Pública, tres viceministros de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, dos directores generales en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), y cuatro jefes del Instituto Nacional de Salud.

[18] El 17 de noviembre, el programa televisivo Panorama emitió un reportaje sobre la contratación del esposo de la ministra Tomás por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, sin haber consignado en su hoja de vida que su hermana Edith Tomás, trabajaba en Sedapal.

[19] Decreto Supremo N.^o 002-2020-PCM, ver: Diario El Peruano, 10 de enero de 2020.

[20] La construcción de esta narrativa desde el gobierno es intencional. A modo de ejemplo, en el Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias (28 de julio del 2020), el presidente empezó su perorata señalando que le había tocado afrontar cuatro crisis distintas: la política, la referida a la gobernabilidad, la de corrupción y la pandemia.

[21] “Covid-19, el viral que no queríamos”. Ver: Diario El Comercio, 15 de marzo de 2020. Por: Fernando Vivas.

[22] 3 de abril de 2020.

[23] Para algunos expertos consultados para este texto, en vez de la creación del Comando, habría debido potenciarse a la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional del Ministerio de Salud.

[24] El 3 de mayo de 2020, el —hasta entonces desconocido— estadístico Ragi Burbum subió un post a redes sociales sobre las métricas más importantes pre y post cuarentena, el cual se viralizó rápidamente. A los pocos días fue invitado a una sesión de la plataforma Acuerdo Nacional, por el propio presidente Vizcarra.

[25] Anunciado el 3 de abril de 2020 por el propio presidente Vizcarra.

[26] “Académicos PUCP fueron convocados por el Minsa para asesorar en grupos de trabajo por la COVID-19”. Punto Edu, 4 de mayo de 2020.

[27] “Por un exceso de igualdad me equivoqué….la solución debió ser cuatro días para mujeres y dos para hombres porque en el mundo patriarcal en el que vivimos hay roles asignados a las mujeres que lamentablemente no es el momento de combatirlos pero si se deben combatir”. Entrevista en Correo, 9 de Abril del 2020.

[28] Ibi. loc, cit. Se refería al desabastecimiento de dicho producto de aseo personal producto de la sobre demanda ocurrida en los primeros días de la cuarentena.

[29] Grupo Temático de Ciencias Sociales. Por una nueva convivencia. La sociedad peruana en tiempos del covid-19. Escenario, Propuestas de política y acción pública.

[30] El 26 de julio del 2020, el diario El Comercio presentó los avances de las metas gubernamentales. Según la Oficina de Cumplimiento de la PCM, la gestión de Vizcarra se encontraba lejos de cumplir con sus propios indicadores de gestión eficiente.